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COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA RIOJA

Plan Sagasta para la dignificación del Periodismo y por la Transparencia informativa (Abril de 2015)

14 ideas para una transparencia real
Los medios de comunicación privados se sostienen gracias a los ingresos de sus anunciantes. Además de ello, al igual que los medios de comunicación públicos, tienen una función social de defensa del derecho a una información plural por parte de los ciudadanos. En los últimos años la crisis económica ha sacudido fuertemente a los medios de manera más acusada que a otros sectores económicamente tal vez más estratégicos pero que social y democráticamente no lo son tanto. Por tanto, es razonable que los medios de comunicación cuenten con respaldo de las Administraciones públicas, pero siempre con criterios de transparencia en los fondos que lleguen de las Administraciones a las empresas informativas.

El Colegio de Periodistas de La Rioja considera necesario establecer unos estándares de calidad para conservar el modelo democrático en el que pueda ‘practicarse’ las transparencia. Para ello, plantea las siguientes propuestas (sin que el orden implique ninguna prioridad) con el ánimo de ayudar a conformar los programas políticos de los partidos en el apartado de PERIODISMO Y TRANSPARENCIA y orientar la acción de Gobierno y oposición en esta materia.

• 1. Distribución con criterios técnicos, profesionales y de audiencia de la inversión publicitaria en las campañas de la Administración pública, con inversión en todos los medios y teniendo en cuenta la presencia de profesionales del periodismo en las plantillas como requisito.
• 2. Las Administraciones públicas no pueden violar una de las reglas de oro del Periodismo: la separación entre publicidad e información. Deben exigir a los medios que todos los contenidos pagados, cualquiera que sea su formato, incluyan el reconocimiento expreso de que se trata de publicidad, contenido patrocinado, etc. en forma de cintillo, ráfaga…
• 3. Las Administraciones, partidos políticos y cualquier institución o empresa ligada o participada por los poderes públicos deben plantearse la incorporación de periodistas colegiados a sus equipos para facilitar el deber de transparencia, con un criterios claro, la profesionalización de los gabinetes de prensa, lo que significa: plazas en las ofertas pública de empleo y exigencia en los procesos de selección de la titulación en Periodismo.
• 4. La Administración debe vigilar el cumplimiento de los requisitos por los que se concedieron las frecuencias de radio y TV y establecer criterios profesionales en futuras asignaciones: dirección de los medios por periodistas, creación de empleo periodístico, valoración del reconocimiento por parte de una empresa del secreto profesional y la cláusula de conciencia… Las emisoras de radio no pueden seguir convertidas en meros postes emisores, sin plantilla.
• 5. Las instituciones y la Administración deben actuar con transparencia en los convenios que establecen con medios de comunicación y la aprobación de los mismos debe producirse en el pleno de las instituciones: Parlamento, Ayuntamiento… En el caso de otras instituciones o entidades ligadas al poder público, en el máximo órgano representativo de dicha entidad.
• 6. No son tolerables las presiones a los medios de comunicación ni de forma directa ni indirecta.
• 7. Las tecnologías actuales permiten que se ponga más información a disposición de los ciudadanos por parte de las Administraciones públicas, instituciones y representantes de los ciudadanos. El término transparencia no puede ser utilizado de forma vana y torticera.
• 8. La comunicación institucional y de los partidos no puede estar basada en señales únicas de televisión, textos remitidos y comparecencias sin preguntas. Esto debilita el trabajo de los periodistas y, por tanto, la democracia.
• 9. Es responsabilidad de los partidos políticos y de las Administraciones el fortalecimiento de los medios de comunicación. Deben acabar con una legislación laboral cada vez más flexible en la que cada se prima una contratación temporal ficticia y que desampara a los periodistas, incrementa los despidos y merma su capacidad de oponer resistencia a las presiones. De lo contrario, estarán contribuyendo a debilitar a los medios que, sin profesionales, se limitarán a copiar y pegar los comunicados oficiales que les lleguen, convirtiéndolos en un mero instrumento de propaganda pero no de información.
• 10. Los partidos políticos deben denunciar ante la sociedad los casos en los que se vulnere la libertad de expresión, los derechos de informar y los derechos del informador y propiciar una legislación que facilite la libertad de expresión sin mordazas y el derecho de los ciudadanos a la información. El Colegio de Periodistas de La Rioja rechaza la “mordaza informativa” que establece la Ley de la Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionando con multas de hasta 30.000 euros “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Se trata de un concepto amplio y sujeto a interpretaciones de la Autoridad y que entendemos que vulnera el libre ejercicio de la profesión y el derecho fundamental a ser informado.
• 11. En una convocatoria abierta a los medios como es una rueda de prensa, aunque no es exigible, es deseable no limitar el acceso a la información a ningún periodista interesado en recibirla.
• 12. Los medios de comunicación públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no de los gobiernos de turno para ofrecer una información crítica y lo más plural posible. Desde la Administración y desde los partidos políticos se debe garantizar la pluralidad y evitar la manipulación, la censura, el férreo control político de los informativos, la difusión de noticias de propaganda, y el ocultamiento de aquellas noticias que no interesan a los partidos en el poder. El control partidista de estos medios conlleva la pérdida de credibilidad y conduce al cierre. Es inaceptable su desmantelamiento y privatización y los responsables políticos deben garantizar que cumplen su función de servicio público. La designación de los cargos directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos primen criterios exclusivamente profesionales.
• 13. La Administración y los partidos políticos deben estar tan interesados como los periodistas medios de comunicación en que la información que reciban los ciudadanos sea de calidad, utilizando para ellos el instrumento que desde el propio sector hemos puesto al servicio de la sociedad: la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.
• 14. Las Administraciones deben ser imaginativas a la hora de abordar aspectos relacionados con el trabajo periodísticos desde todos los frentes incluido el fiscal: por ejemplo, eximiendo de IVA a las colaboraciones en Radio y Televisión o incentivando fiscalmente y rebajando las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos a periodistas mujeres mientras el paro femenino sea superior al masculino en esta profesión.